Cada
21 de mayo, Chile recuerda a Arturo Prat. No solo al héroe naval que enfrentó
la prueba máxima, cumplir con su deber incluso a costa de su vida, sino también
al ciudadano, al abogado, al hombre.
Por
su último acto, y por la coherencia de toda una vida como marino y servidor
público, Prat se ha convertido en un símbolo de integridad, vocación
republicana y sentido del deber. No buscó privilegios ni excusas, actuó según
lo que consideraba correcto, leal a su conciencia hasta el final.
Este año, sin embargo, y en vísperas de la tradicional conmemoración de su hazaña, el país fue informado por la Contraloría General de la República de un hecho que parece sacado de una sátira burocrática: entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. En total, se emitieron 35.585 licencias que facilitaron 59.575 entradas o salidas del país. Entre las instituciones más mencionadas figuran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra, ambas dedicadas a la educación de la primera infancia.
En
un país tensionado por una crisis de seguridad, no hablamos aquí de bandas
criminales externas infiltradas en el aparato estatal. Hablamos de ciudadanos
comunes, profesionales, empleados públicos que, a plena conciencia, defraudaron
al Estado. Este no es solo un perjuicio económico, es un síntoma evidente de
descomposición ética e institucional. ¿Son meros infractores administrativos o,
simplemente, delincuentes?
La
Fiscalía ha abierto investigaciones por el mal uso de licencias médicas,
recordando que estas acciones constituyen delitos que conllevan penas
privativas de libertad y multas. Pero más allá de lo jurídico, lo que preocupa
es que estas prácticas comienzan a formar parte del paisaje: se naturalizan, se
justifican, se toleran.
Estudios
de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y de las Cajas de
Compensación confirman esta inquietud: un 55% de los chilenos cree que hay
abuso en el sistema de licencias médicas, un 52,4% dice conocer a alguien que
ha solicitado una licencia falsa, y un 41,4% asegura conocer a un médico que
las emite sin justificación real. Más aún, un 48,6% considera aceptable pedir
una licencia médica por agotamiento. ¿Estamos frente a la indiferencia o a una
tolerancia cultural al fraude y la corrupción?
Este
fenómeno se inscribe en un cuadro más amplio: la pérdida de fe en la democracia
y en sus instituciones. Según la Encuesta CEP N°93 (marzo-abril 2025), solo un
44,2% de los chilenos considera que la democracia es preferible a cualquier
otra forma de gobierno. Un 33,5% declara que le da lo mismo vivir en democracia
o bajo un régimen autoritario. Esta desafección es más que una estadística, es
una alarma encendida.
El
contraste con la figura de Prat es brutal. Él no fue un superhombre, pero vivió
y murió de acuerdo con sus valores. Comprendía que hacer lo correcto no depende
del contexto ni de si los demás cumplen o no. Lo hizo cuando nadie se lo
exigía, y por eso lo recordamos.
Hoy,
enfrentamos una realidad en la que el engaño y la falta de ética parecen
haberse instalado en múltiples ámbitos de nuestra sociedad. La corrupción no
solo erosiona instituciones: disuelve los fundamentos éticos de la convivencia
democrática.
No
basta con recordar a Prat cada 21 de mayo. Debemos hacer más que homenajes:
necesitamos detenernos a reflexionar. La reconstrucción de la confianza pública
y de la ética ciudadana exige voluntad política, pero también convicción
cívica.
La
pregunta clave es sencilla y profunda, ¿estaríamos hoy dispuestos a actuar como
Prat? ¿A comprometernos con el bien común, con la honestidad, con el respeto a
las normas? La respuesta marcará no solo el destino de nuestra democracia, sino
también el tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir o dejar caer.
© [2025] [Daniel Olivero González]. Todos los derechos reservados.
Comentarios
Publicar un comentario